El barrio fue construido en dos fases, la primera inaugurada en 1952 y la segunda en 1961. Consta de 56 viviendas en chalés pareados con parcela de terreno.
Las viviendas de la primera fase tenía una disposición en forma de L, excepto dos que se ubicaban unos metros hacia el Noroeste, según el proyecto firmado por el arquitecto José María de la Vega Samper. Cada finca estaba compuesta por una parcela de terreno de 375 metros cuadrados, dentro de la cual se emplazaba la vivienda de planta baja, que ocupaba una extensión aproximada de 63,83 metros cuadrados y constaba de porche de entrada, comedor-estar, tres dormitorios, cocina, despensa y aseo; el terreno sobrante cada propietario podía dedicarlo a huerto o jardín.
La ampliación del barrio según el proyecto del arquitecto Valentín Lavín del Noval mantenía la misma composición que la primera fase, agrupando las viviendas de dos en dos, hasta formar un total de 28, rodeadas de jardín y una pequeña parcela de terreno laborable, con doble acceso desde los caminos de servicio. La amplitud del terreno, de 21.000 metros cuadrados, permitió orientar la fachada principal de cada uno de los bloques al mediodía y dejar amplios espacios para un mejor soleamiento y aireación.
Todas las viviendas eran de planta baja sobre un zócalo de saneamiento, como en la primera fase, si bien su aspecto exterior había variado. Cada vivienda constaba de un salón-comedor, tres habitaciones, cocina con despensa anexa y un tocador con WC, lavabo y ducha. El acceso se podía realizar tanto por la fachada principal, que se situaba en un cuerpo saliente, como por la posterior, desde donde se accedía a la cocina. Las dimensiones eran ligeramente superiores a las de la primera fase, por cuanto la superficie total era de 79,10 metros útiles, si bien la útil se reducía a 61,50. El jardín del frente de la vivienda tenía dimensiones reducidas, para dejar una mayor superficie de terreno en la parte posterior susceptible de ser cultivado.
El barrio se ha conservado casi como fue concebido hasta la actualidad, con las modificaciones inherentes al paso del tiempo, como la edificación de pequeñas construcciones en las parcelas o la ampliación de las viviendas.
En 1926 se constituyó en Madrid la Standard Eléctrica Sociedad Anónima, fruto del acuerdo entre la compañía estadounidense ITT y la Compañía Telefónica Nacional de España para establecer un servicio telefónico de calidad y una moderna industria de telecomunicación que atendiera tanto al mercado nacional como internacional, lo que implicaba la construcción de diferentes fábricas de teléfonos y de material necesario en España. Al poco tiempo de su constitución la Standard adquirió una gran superficie de terreno en los pueblos de Muriedas y Maliaño sobre los que instalaría la factoría dedicada a la producción de cable telefónico, tanto urbano como interurbano, además de cordones para telefonía y cables para centrales telefónicas.
Para poder hacer frente a las crecientes demandas de cable telefónico, tanto nacionales como extranjeras, tras la Guerra Civil la fábrica amplió sus instalaciones con nuevas secciones que producían una amplia y moderna gama de cables, como el coaxial. Pero, sin duda, el gran salto empresarial lo produjo el contrato suscrito con la empresa estadounidense Western Electric en 1955, en virtud del cual la fábrica de Maliaño se obligaba a suministrar un cuantioso pedido de cable telefónico, que habría de suponer el reconocimiento internacional de la calidad de sus productos. Gracias a este acuerdo la plantilla de la fábrica se duplicó en apenas seis años hasta alcanzar los 700 trabajadores.
La empresa advirtió la escasez de viviendas en el núcleo Muriedas-Maliaño para alojar en condiciones higiénicas a sus trabajadores por lo que en 1951 se dirigió al Instituto Nacional de la Vivienda para acogerse a los beneficios que ofrecía la legislación sobre viviendas protegidas.
Al año siguiente se inauguraba la primera fase del Barrio de San Antonio con la construcción de 28 viviendas en 14 chalés pareados. En 1961 el barrio se amplió con otras 28 viviendas, siguiendo la misma composición que la primera fase.
Los beneficiarios de las viviendas, que debían tener una antigüedad mínima de cinco años en la empresa, se ofrecían en amortización a cuarenta años. No obstante los adjudicatarios de la primera fase adquirieron la propiedad de los inmuebles en 1975 y los de la segunda en 1993.